Por Federico Orlando* y el equipo de OLIMPIA.
Cada vez más organizaciones reciben consultas o exigencias relacionadas con derechos humanos, sostenibilidad, diversidad, seguridad laboral o cadenas de suministro responsables. Frente a ese escenario, aparece una pregunta muy frecuente: ¿puede una empresa certificarse en derechos humanos?
1. ¿Qué significa certificar un proceso empresarial?
Certificar significa someter una práctica, un proceso o un sistema de gestión a la evaluación de un tercero independiente. Ese tercero verifica si la empresa cumple con los requisitos establecidos en una norma o estándar determinado. Por ejemplo, una empresa puede certificar su sistema de seguridad y salud en el trabajo, su gestión de la equidad de género o sus procedimientos de compliance.
La certificación no significa que la empresa nunca tendrá un incumplimiento ni que todos sus procesos funcionan de manera perfecta. Lo que acredita es que, al momento de la evaluación, y durante un tiempo determinado (el que dure la certificación), la organización cuenta con políticas, procedimientos y controles que cumplen con el estándar elegido.
2. ¿Es posible “certificarse en derechos humanos”?
En sentido estricto, no se certifican los derechos humanos ni se certifica que una empresa “respete los derechos humanos” en términos absolutos. . Lo que puede certificarse son determinados sistemas, procesos o prácticas relacionados con la manera en que la empresa gestiona riesgos que pueden afectar derechos humanos. Porque todas las organizaciones tienen la obligación de respetarlos.
Por ejemplo, una organización puede certificar:
-su sistema de gestión de equidad de género;
-sus condiciones de seguridad y salud laboral;
-sus procedimientos de compliance;
-sus prácticas de trabajo decente;
-su sistema de responsabilidad social;
-o determinados aspectos de su cadena de suministro.
Por eso es importante distinguir, por un lado, al objeto de protección (los derechos humanos) del objeto de certificación, que es el sistema de gestión, el procedimiento o la práctica empresarial utilizada para prevenir y gestionar riesgos relacionados con esos derechos.
O para decirlo en términos sencillos: una certificación no demuestra que la empresa no afecta derechos humanos; pero sí demuestra que cuenta con herramientas para identificar riesgos, prevenirlos, actuar frente a ellos y mejorar su gestión.
3. ¿Por qué puede ser estratégico para una empresa?
Si bien las certificaciones no reemplazan el cumplimiento de la ley ni liberan a una empresa de responsabilidad frente a eventuales daños o incumplimientos, lo cierto es que pueden ser herramientas muy valiosas.
-Ordenan la gestión interna
Encarar un proceso de certificación mueve a la empresa a una profunda introspección: la obliga a revisar cómo trabaja. Esto puede implicar definir políticas, asignar responsabilidades, establecer procedimientos, capacitar al personal, crear indicadores y conservar documentación. Muchas empresas ya realizan algunas de estas tareas, pero de manera informal o dispersa. La certificación ayuda a ordenarlas, comunicarlas y convertirlas en una práctica institucional. En muchos casos, se trata de pasar de prácticas que muchas veces están incorporadas en la cultura de las empresas, pero no así comunicadas. Muchas organizaciones tienen como principal desafío institucionalizar y comunicar hacia afuera lo que la empresa, muchas veces, ya hace.
-Generan confianza
La evaluación de un tercero imparcial e independiente permite demostrar que la empresa no se limita a declarar que actúa responsablemente. Clientes, inversores, bancos, organismos públicos, socios comerciales, trabajadores y la comunidad en general, pueden contar con evidencia externa sobre determinados aspectos de su gestión. Esto resulta especialmente importante cuando una empresa quiere ingresar a nuevos mercados, participar en licitaciones o trabajar con grandes compañías que exigen ciertos estándares a sus proveedores.
-Preparan a la empresa para nuevas exigencias
Las exigencias en materia de sostenibilidad y derechos humanos están aumentando y en constante actualización. Muchas empresas argentinas, gran parte las que son cadena de suministro de empresas extranjeras, incluso cuando no están alcanzadas directamente por normas extranjeras, reciben pedidos de información de clientes, casas matrices, inversores o empresas europeas sujetas a regulaciones como la CSDDD o la CSRD. Contar con sistemas de gestión ordenados y verificables facilita responder a esas exigencias y posicionarse mejor dentro de cadenas globales de valor.
Además, la gestión de los riesgos en derechos humanos tiene consecuencias cada vez más directas sobre la operación de las empresas. La falta de trazabilidad, la presencia de trabajo forzoso en una cadena de suministro o la imposibilidad de demostrar procesos adecuados de debida diligencia pueden afectar el acceso a mercados, provocar demoras, incrementar costos, comprometer relaciones comerciales o exigir cambios en las decisiones de abastecimiento. Por eso, los derechos humanos ya no constituyen únicamente una cuestión reputacional o de sostenibilidad: forman parte de la gestión general de riesgos del negocio.
4. ¿Qué se certifica exactamente?
En general, se certifica la existencia y el funcionamiento de un sistema diseñado para gestionar determinados riesgos.
Dependiendo de la norma, el ente certificador puede verificar que la empresa:
- cuenta con políticas formalmente aprobadas;
- identificó los principales riesgos de su actividad;
- asignó responsabilidades dentro de la organización;
- capacita a su personal;
- dispone de canales de denuncia;
- monitorea resultados;
- realiza auditorías internas;
- conserva evidencia de sus decisiones;
- y revisa periódicamente sus procesos.
Pensemos en un ejemplo. Una certificación sobre equidad de género no demuestra que nunca ocurrirá una situación de discriminación, pero sí puede acreditar que la empresa cuenta con una política de igualdad, procedimientos para prevenir y abordar contingencias, responsables definidos, capacitación, indicadores y mecanismos de respuesta y seguimiento.
Del mismo modo, una certificación en seguridad laboral no significa que nunca ocurrirá un accidente. Significa que la empresa implementó un sistema para identificar peligros, reducir riesgos, capacitar a sus trabajadores e investigar incidentes.
La diferencia es importante: se certifica la capacidad de gestión de la empresa, no la ausencia absoluta de problemas.
5. ¿Qué normas certificables existen?
Actualmente no existe una norma general —ISO o de otra naturaleza— que permita certificar, en su totalidad, la debida diligencia empresarial en derechos humanos. Lo que existe es un conjunto de normas y certificaciones que cubren las diferentes dimensiones que integran y dan sustancia a los derechos humanos:: trabajo decente, igualdad, diversidad, seguridad laboral, privacidad, integridad, responsabilidad socioambiental, y cadenas de suministro.
Por eso, frente a la pregunta “¿qué certificación relacionada a derechos humanos debería obtener mi empresa?”, la primera respuesta es: depende. De la actividad de la empresa, de sus principales riesgos, de las exigencias de su clientela y de los objetivos que busca alcanzar.
Pensemos en escenarios alternativos:
-Si la preocupación principal son las condiciones laborales
Algunas referencias relevantes son:
- SA8000, orientada a derechos laborales, trabajo decente y cadenas de suministro;
- ISO 45001, destinada a la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
-Si el objetivo es avanzar en diversidad, equidad e igualdad
Pueden considerarse, entre otras:
- IRAM 57001, sobre sistemas de gestión para la equidad de género;
- EDGE;
- GEEIS.
Por ejemplo, una empresa que quiera revisar sus brechas salariales, mejorar la representación de mujeres en puestos de liderazgo o fortalecer sus políticas contra la discriminación podría evaluar este tipo de estándares.
-Si se busca una gestión más amplia de la responsabilidad social
Entre las alternativas se encuentran:
- IQNet SR10, sobre sistemas de gestión de responsabilidad social (otorgado en Argentina a través de IRAM);
- Sistema B, que evalúa diferentes dimensiones del desempeño social, ambiental y de gobernanza.
- Certificaciones sectoriales, adaptadas a la industria específica, como Biosphere y Travelife en el caso del turismo, que acreditan prácticas de sostenibilidad.
-Si la exigencia proviene de clientes o cadenas de suministro
Existen certificaciones específicas para distintos sectores y productos, como:
- EcoVadis;
- Fairtrade;
- FSC;
- RTRS;
- Rainforest Alliance;
- Bonsucro;
- MSC;
- ASC.
En estos casos, la certificación puede aplicarse a un producto, un establecimiento, una actividad o una cadena de suministro, y no necesariamente a toda la empresa. Una compañía exportadora, por ejemplo, puede necesitar una certificación determinada porque así lo exige un comprador internacional o porque constituye una condición para ingresar a cierto mercado.
6. Entonces, ¿certificación en derechos humanos: sí o no? ¿por dónde empezar?
No existe “LA” certificación en derechos humanos. Hay una familia de normas y certificaciones, cada una orientada a gestionar diferentes riesgos. Por eso, la pregunta no debería ser simplemente: ¿cuál es la mejor certificación? La pregunta adecuada es: ¿cuál es la certificación que mejor responde a los riesgos, necesidades y objetivos de mi empresa?
Entonces, antes de elegir un estándar, conviene responder tres preguntas:
- ¿Qué riesgos vinculados con derechos humanos presenta nuestra actividad?
- ¿Qué esperan nuestros clientes, inversores, trabajadores o reguladores?
- ¿Qué norma puede ayudarnos a gestionar esos riesgos y demostrar nuestros avances?
La certificación no debería elegirse porque está de moda o porque otra empresa del sector ya la obtuvo. Debe ser la consecuencia de un diagnóstico previo y de una estrategia y compromiso claro.
Por otro lado, elegir una certificación sin un compromiso real con aquello que se pretende certificar puede generar un riesgo adicional: el social washing. Las personas consumidoras, trabajadoras, inversoras y otros grupos de interés tienen cada vez más herramientas para informarse, cuestionar los compromisos de las organizaciones y elegir las marcas con las que quieren vincularse. Al mismo tiempo, las empresas que comunican avances o compromisos que luego no pueden sostener con hechos quedan expuestas a cuestionamientos y a un impacto reputacional que puede ser significativo. En este contexto, es preferible y más honesto comunicar un compromiso público con un proceso de mejora que presentar como consolidada una práctica que todavía no lo está, sobredimensionar resultados o brindar información que no refleja adecuadamente la realidad. La credibilidad no se construye mostrando una empresa perfecta, sino demostrando que existe un compromiso genuino, objetivos claros, avances verificables y voluntad de mejorar.
En OLIMPIA acompañamos en ese proceso de elegir adecuadamente cual es la herramienta más estratégica según la realidad organizacional actual que atraviesa la empresa. Mediante nuestra metodología, “3E: Evaluación, Estrategia, Ejecución”, analizamos sus riesgos, impactos y oportunidades; identificamos los estándares que mejor se ajustan a su actividad y diseñamos una hoja de ruta para fortalecer sus sistemas de gestión y prepararlas para una eventual certificación.
Nuestro trabajo no consiste simplemente en recomendar una norma, ni tampoco en desarrollar evidencia para cumplir solamente con el objetivo de certificar. Buscamos acompañar a las empresas en la generación de impacto positivo. Si se trata de una certificación, implica responder a una necesidad y ayudar a transformar políticas y compromisos en prácticas concretas, verificables y sostenibles. No se trata de certificar por certificar. Implica elegir la herramienta adecuada para gestionar mejor los riesgos, generar confianza y construir una empresa más íntegra, humana y sostenible.
*Abogado (UBA). Profesor (UBA). Magister en Derechos Humanos (UP), Magister en Derecho Administrativo (U. Austral). Doctorando (Universidad de Barcelona). Co-coordinador del Programa “Empresas y Derechos Humanos”, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (UBA).
